Jorge Eduardo Navarrete

Tras visitar, infructuosamente, los portales en internet de la Presidencia de la República, donde se originó, y de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, que –junto a la de Defensa Nacional—intervendrían en la instrumentación de las disposiciones propuestas, si es que por desgracia se aprueban, no fue sino en la página de la Dirección de Comunicación Social del Senado de la República donde localicé una referencia, apenas esquemática, muy insuficiente, a la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentada a ese órgano legislativo por el Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Gobernación, el 24 de febrero del año en curso.  Como se sabe, tiene por objeto permitir que agentes migratorios y aduaneros extranjeros (es decir, estadounidenses) porten (y usen) sus armas mientras se encuentren en territorio nacional.

Es curioso que no se encuentre referencia a esta iniciativa ni a su contenido y propósitos en la página web de la Presidencia, a pesar de que ésta incluye una sección denominada específicamente “Iniciativas” en la que—se afirma—“se encuentran las iniciativas de Ley que el Presidente [mayúscula en el original] Enrique Peña Nieto ha presentado al Congreso de la Unión”.  Infelizmente, la actualización más reciente de esta sección, que consulté el 2 de marzo, data del 1 de diciembre de 2014, por lo que su utilidad informativa queda trunca, quizá en homenaje a la transparencia de los actos de gobierno, que se asegura es siempre observada—aunque no siempre con oportunidad.  Quizá no se le dio importancia, a pesar de que la iniciativa que va contra principios, criterios y prácticas tradicionalmente defendidos, bien establecidos y consuetudinariamente observadas.  O quizá por ello mismo.

Las reformas ahora propuestas permitirían, según el resumen del comunicado de prensa del Senado, que “los agentes extranjeros de aduana y migración porten armas en territorio nacional”, y que los visitantes de alto nivel puedan introducir al país, durante el tiempo de la visita, “su equipo completo de seguridad”.

Planteada con frecuencia en tono intemperante, la demanda de que se autorice a agentes migratorios e integrantes de los cuerpos policíacos o militares de Estados Unidos a actuar armados en territorio de México ha sido una vieja exigencia, a menudo reiterada.  Siempre había sido rechazada, a veces con firmeza y en otras de manera titubeante y dubitativa—pero formal y legalmente rechazada.  Han abundado también las informaciones, no fáciles de constatar, de que en ocasiones se ha tolerado que esos agentes y elementos extranjeros efectivamente introduzcan sus armas al territorio nacional, mientras la autoridad mexicana “ve hacia otro lado”.

Al menos en la información pública, no ha habido noticia de una reiteración reciente de tal demanda o exigencia de parte de Estados Unidos.  De motu proprio—más que a petición de parte—el gobierno mexicano toma la iniciativa de ofrecer esa concesión, de manera ampliada y con base en razones banales, si se contrapesan con los principios, criterios y prácticas que gratuitamente se sacrifican y abandonan.

La iniciativa alude a tres grupos de extranjeros que podrían introducir y portar—pudiendo también, desde luego, utilizarlas de acuerdo a sus propios protocolos—armas y equipos de seguridad: agentes aduanales, agentes migratorios y equipos de seguridad de visitantes extranjeros de alto nivel.   ¿Por qué parece necesario ofrecer esta concesión?  Según el resumen del Senado, “los riesgos inherentes a la actividad de revisión aduanera se acentúan ante la problemática trasnacional del tráfico ilegal de sustancias, mercancías y personas, así como de otras actividades ilícitas, por lo que el tema de seguridad de funcionarios, instalaciones y usuarios resulta de particular relevancia”.  Se supone que iguales riesgos son inherentes a la vigilancia migratoria.  Lo que no se explica es por qué el hecho de que se permita a agentes extranjeros actuar, armados, en territorio nacional mejorará las condiciones de seguridad.  Más bien, las deteriorará.

En cuanto a los equipos de seguridad de visitantes de alto nivel, ¿alguien duda que el muy numeroso del presidente Obama estuvo completo en México en las escasas horas de la visita, sin quizá haberse preocupado demasiado por pedir autorización?

El argumento de que agentes migratorios y aduaneros de un tercer país actúen en México para realizar, en el punto de origen, los trámites, comprobaciones e inspecciones que suelen realizarse en el punto de destino, facilitará—se alega—el intercambio comercial y, curiosamente, “las relaciones diplomáticas”.  Quizá también tenga efectos favorables sobre el clima…

La parte mas inverosímil de la iniciativa se halla en las referencias a la reciprocidad.  Según el resumen del Senado, la iniciativa prevé que “México concedería se establezcan zonas de revisión aduanera y migratoria en la que portarían sus armas los agentes de otros países, y a su vez nuestro país instalaría sus propias instalaciones en equidad de condiciones”.  ¿Imagina alguien, realmente, una instalación mexicana, con agentes mexicanos que portarían sus armas, en el aeropuerto JFK de Nueva York?  Si no han permitido que los conductores mexicanos de camiones de carga transiten por sus carreteras…

Sería bueno saber, en suma, cuál fue la motivación real de una iniciativa tan a contrapelo de principios, criterios y prácticas de ejercicio de la soberanía.  ¿Alguien va  creer que la iniciativa, supuestamente referida a cualquier país extranjero, no tiene dedicatoria casi exclusiva para Estados Unidos?  ¿Alguien piensa que las referencias a reciprocidad son creíbles y suficientes?  Hasta donde se conoce por la opinión pública, la iniciativa no supera la prueba de la carcajada.