Ricardo Domínguez Guadarrma

El regreso del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República el 1 de diciembre de 2012, significó el retorno de las lógicas gubernamentales de los años pasados. No obstante, a diferencia de lo que muchos pensaban, no se trató per se de traer las ideas del pasado sin visos de modernidad, sino una combinación entre las viejas formas de hacer política, incluso exterior, y el pragmatismo que se intentó a partir de los ochenta y noventa del siglo pasado; pero como ha sido en los últimos lustros, los resultados son, por decir lo menos, ambiguos.

Ante la injerencia en los asuntos internos que ha sufrido Venezuela por parte del Gobierno de Estados Unidos, sobre todo a raíz de la segunda acción ejecutiva del 9 de marzo pasado, en la que además de acusar la situación en Venezuela como una seria y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional estadounidense se impusieron sanciones contra funcionarios de ese país, los miembros de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) y de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), han emitido de manera unilateral y multilateral declaraciones de abierto apoyo a la soberanía venezolana. Incluso, misiones de cancilleres han viajado a Venezuela en pleno respaldo de aquel gobierno. En su conjunto, América Latina y el Caribe, a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), respaldó a Venezuela en enero pasado cuando reafirmó su llamado a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, pero no ha podido enviar una misión extraordinaria al país sudamericano ni ha emitido declaración alguna en respaldo a la reciente agresión a la gestión del Presidente Nicolás Maduro.

El silencio del gobierno mexicano se ha observado en sus dos niveles básicos. No ha hecho ninguna declaración pública y unilateral sobre las acciones de Estados Unidos y tampoco ha impulsado acción o declaración a nivel regional. Más que apoyar distintas voces de mandatarios latinoamericanos para que la CELAC se reúna de manera urgente y extraordinaria, el gobierno mexicano ha sostenido que el espacio idóneo para abordar el tema de Venezuela (no de Estados Unidos contra ese país) es la Organización de los Estados Americanos (OEA), instancia que ha tenido mucha más intención legitimar las acusaciones de Washington que respaldar una solución con irrestricto apego a la institucionalidad venezolana.

La actitud de México promueve a la OEA, a pesar de su descrédito histórico, y obstaculiza a la CELAC, a fin de evitar todo roce con el gobierno de Estados Unidos. Sigue estando lejos aquella política exterior mexicana que mantenía posiciones de respeto, incluso al apelar a la no injerencia en los asuntos internos de los estados, y que motivaba el acompañamiento latinoamericano y caribeño sin buscarlo.

La actitud mexicana queda cada vez más clara. El actual proceso de integración de América Latina y el Caribe fue impulsado en 2008, cuando la crisis financiera de Estados Unidos y del mundo desarrollado tenía grandes secuelas en la imagen y hegemonía estadounidense. El Grupo de Río se renovó e invitó a Cuba a formar parte de ese esquema que se había creado en 1986. En 2009 el nuevo presidente de Estados Unidos se comprometió a establecer una nueva relación con América Latina; por un lado, se entrevistó con el Presidente venezolano en Trinidad y Tobago, Hugo Chávez, saludó al Presidente de Cuba, Raúl Castro, y flexibilizó algunas medidas para favorecer el contacto entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba, pero no dejó de firmar la continuación del bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla. Alentó a la oposición de Venezuela, participó en el golpe de Estado contra el mandatario de Honduras, Manuel Zelaya, y en el golpe de Estado contra el Presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Envío asimismo recursos para la organización de las protestas venezolanas en 2014 y apoyó a la derecha de ese país para hacer escasear los alimentos, mientras que impulsó negociaciones secretas con La Habana para restablecer relaciones diplomáticas y normalizar sus vínculos. ¿Se trata de la política de la zanahoria y el garrote?

El gobierno de México se dio a la tarea de normalizar sus relaciones con América Latina y el Caribe entre el 2006 y el 2008. Luego de dos años de tocar puertas, logró iniciar tal proceso a partir del Grupo de Río porque de manera bilateral no fue nada fácil. Sin embargo, a la par de su política multilateral de actividad declarativa, la bilateral se caracterizó por su falta de contenido. De cualquier modo, impulsó las cumbres de integración y desarrollo de América  Latina y el Caribe, pero su capacidad para mantener sus propuestas, incluso de nombre a las cumbres, fue poca. Brasil, Cuba, Venezuela o Bolivia marcaron el ritmo de los re-acercamientos. No obstante, las señales estaban dadas. A partir de diciembre del 2012 y durante el 2013, el gobierno mexicano impulsó de manera decidida la normalización y el inicio de una nueva etapa en sus relaciones con Cuba. Se observa cierta coincidencia entre los deseos de México y las pláticas secretas entre Washington y La Habana. Las relaciones con Venezuela siguieron su cauce de no confrontación, pero de muy poca cooperación y acercamiento efectivo. El impulso a la CELAC sigue de manera declarativa, pero no forma parte del Plan Nacional de Desarrollo; a la Cumbre de enero pasado en Costa Rica, el Secretario de Relaciones Exteriores asistió y suscribió la declaración en apoyo a la soberanía venezolana, pero la ausencia del presidente Enrique Peña Nieta no solo fue evidente sino sintomática.

Hablar con los gobiernos y no de ellos es loable, pero no manifestar una posición clara y contundente sobre los peligros a la soberanía y alejarse de la dinámica actual de regionalismo renovado, demuestra una política exterior de poco rumbo y, sobre todo, de poca planeación y decisión. La autonomía es la única forma de poner límites a la dependencia.