Por: Arturo López Vargas

La Ley de Seguridad Interior que en las próximas horas la Cámara de Senadores se apresta a aprobar sin que se vislumbre un debate y reflexión acordes con la importancia de su contenido y alcances, ha suscitado desde hace varios meses la atención y críticas de distintas instancias que van desde organismos internacionales como el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hasta organizaciones de la sociedad civil de México y el extranjero, así como analistas, expertxs y defensorxs de los derechos humanos.

            Las principales preocupaciones de estos actores se han concentrado en que este proyecto, lejos de facilitar el regreso de los militares a los cuarteles, prolonga su estancia en labores de seguridad pública; favorece el uso discrecional de las fuerzas armadas dada la ambigüedad del concepto de seguridad interior; pone en riesgo el respeto a los derechos humanos y constituye en suma, un retroceso para nuestro país.[1]

En este sentido, es muy  importante realizar algunas reflexiones acerca de ésta y otras preocupaciones a fin de evidenciar la gravedad del contenido de este proyecto.

Desde una perspectiva histórica de corto plazo, el inicio de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” en diciembre de 2006 por parte de la cuestionada administración de Felipe Calderón, estableció un estado de excepción en nuestro país. El carácter excepcional del momento histórico que ha prevalecido desde ese año hasta la fecha se fundamenta en el hecho de que el despliegue militar como elemento central de la estrategia de seguridad por parte de los últimos dos gobiernos federales, se produjo al margen del marco legal prevaleciente; favoreció el despojo de recursos y bienes de comunidades y grupos opuestos a la continuidad del proyecto neoliberal; profundizó la subordinación de nuestro país a los intereses y necesidades geoestratégicas de empresas y actores estadounidenses,  y de manera más importante, ha sido corresponsable de una crisis humanitaria que ha provocado más de 200,000 homicidios dolosos y más de 32,00 desapariciones forzadas[2].

            Precisamente esas y otras consecuencias vinculadas al inicio de la militarización del país hace más de una década, permiten afirmar que el actual proyecto de Ley de seguridad interior[3], profundizará y legalizará el estado de excepción que ha servido de contexto para el proceso de acumulación por exterminio en México debido a que dota de un marco legal a la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior, misma que por su grado de ambigüedad[4], se asemeja bastante al delito de disolución social que sirvió de sustento legal para la represión política y social del Estado mexicano entre 1941 y 1970.

La legalización de lo ilegal, que bien puede ser la síntesis de lo que está ocurriendo con la Ley de Seguridad Interior, nos remite al fundamento del estado de excepción el cual de acuerdo con el filósofo italiano Giorgio Agamben[5] se produce en el momento en el que se suspende el derecho precisamente para garantizar su continuidad, e inclusive su existencia.

Por todo lo anterior de aprobarse la nueva ley, terminaría por institucionalizar -legalizar y normalizar- una situación excepcional en el México de la última década y que se caracteriza por la militarización de las relaciones sociales; la suspensión y despojo de derechos de las clases, géneros y grupos étnicos subalternos; el despojo de sus bienes, materiales como inmateriales; crecientes límites y criminalización de las luchas por la resistencia, así como el exterminio de todas aquellas personas, grupos y comunidades cuyos intereses se oponen al actual patrón de acumulación capitalista nacional y transnacional y que ha encontrado en iniciativas como las Zonas económicas especiales desarrolladas o por desarrollarse en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, la expresión más reciente de la vinculación entre militarización, despojo y exterminio.[6]

 

[1] Un buen resumen de estas posturas se encuentra disponible en http://www.ejecentral.com.mx/seguridad-interior-pone-en-limbo-derechos-humanos/

[2] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Incidencia delictiva del fuero federal”, [URL: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-federal.php], consultado el 30 de noviembre de 2017.

[3] Decreto de Ley de Seguridad Interior, Disponible en:  http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/nov/20171130-VI.pdf

[4]“Artículo 2. La Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado
mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus
órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional
mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y
la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional.”

[5] Giorgio Agamben, El estado de excepción. Homo Sacer, II,I, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2004, Disponible en   http://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/default/files/2017-08/Agamben%20Giorgio%20-%20Estado%20de%20excepcio%CC%81n%20-%20Adriana%20Hidalgo.pdf

[6] “Ley Federal de Zonas Económicas Especiales”, disponible en https://www.gob.mx/zee/es/documentos/ley-federal-de-zonas-economicas-especiales-91142