Por: José San Germán*

Las industrias farmacéuticas son uno de los sectores productivos con mayor poder económico a nivel mundial. En 2017, de acuerdo a datos de ProClinical[1], la industria reportó utilidades por $1.11 trilliones de dólares. Se proyecta que para 2020, esta cifra alcance los $1.43 trillones de dólares. Detrás de esa inmensa suma de dinero, existen dinámicas de poder que siempre han generado severas críticas a la ética de las grandes farmacéuticas.

En este contexto, ¿cuál debería ser el papel del Estado en la construcción de condiciones óptimas de salud para su población frente a los intereses económicos del poderoso sector farmacéutico, amparado en el libre mercado y las patentes? El pasado martes 19 de febrero, el grupo parlamentario de Morena en el Senado presentó una iniciativa para reformar el artículo 31 de la Ley General de Salud. El objetivo es que el Estado sea capaz de regular, a través de mecanismos institucionales eficientes y transparentes, los precios de medicamentos e insumos farmacéuticos de calidad y seguros, garantizando así que los sectores más pobres de la sociedad mexicana puedan acceder a ellos. No busca limitar la entrada de nuevos medicamentos al mercado nacional, sino promover el acceso a fármacos innovadores y de alta especialidad, siempre en concordancia con la realidad económica del país.

En México, los convenios de concertación de precios máximos para fármacos no son públicos. Se determinan mediante un procedimiento que considera, en primer lugar, los precios ex-fábrica de los seis países de mayor venta en el mundo[2]. Después, se utiliza el criterio de las ventas totales anuales de unidades para obtener un precio promedio internacional. Por último, se le aplica a ese precio los costos de distribución y comercialización para el caso nacional.

Existen medicamentos para tratar diabetes, cáncer y VIH que llegan a costar hasta tres veces más que en otros países de América Latina. Por ejemplo, la insulina Licpro, utilizada para diabetes, aquí cuesta $89 dólares, en Guatemala $31 y $65 en Perú; el Lovinavir, para tratar el VIH, en México cuesta $7 dólares, en Perú y Guatemala $2, y en Colombia $0.8; y el Glivec, usado para tratar el cáncer, cuesta en México $163 dólares, mientras en Perú $44 y en Colombia $69.[3] También existen datos de que el 80% de los retrovirales son controlados por un oligopolio de farmacéuticas que deliberadamente encarecen las terapias. En cuanto a los fármacos de consumo cotidiano, como aspirinas, antihestamínicos para las alergias o desinflamantes, estos ya cuentan con mecanismos que los hacen más accesibles.

Sin embargo, buscar que el comportamiento de la industria farmacéutica internacional sea transparentado y supervisado se antoja como una tarea política complicada. En este sentido, la propuesta debe considerar todos los eslabones de la cadena de suministro, garantizando que las inversiones y ganancias en la la producción, distribución y comercialización no genere una gran afectación a los intereses de las farmacéuticas, creando condiciones empresariales sostenibles. La propuesta busca que los precios máximos de los medicamentos sean coordinados por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, implementando en todo momento una política pública con enfoque social.

Ante la posibilidad de establecer las condiciones necesarias para lograr que la población mexicana tenga un acceso efectivo a los medicamentos y al goce pleno del derecho humano a la salud, surgen las siguientes preguntas: ¿Cuáles serán las complicaciones reales que tendrá el Estado mexicano frente a las grandes industrias farmacéuticas para establecer las regulaciones jurídicas en materia económica para garantizar el abasto de medicamentos especializados a costos razonables? ¿Qué tipo de negociaciones será necesario llevar a cabo con las empresas? ¿Cómo ayudaría esta medida en la construcción de futuras políticas públicas para modernizar y optimizar el sistema de salud mexicano?

  • Licenciado con Mención Honorífica en Relaciones Internacionales y Maestro con Mención Honorífica en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma Universidad. Sus líneas de investigación y desarrollo académico giran en torno a los estudios culturales y a la sociología de la cultura, contando con publicaciones y ponencias, nacionales e internacionales, sobre la dimensión socio-política del arte, la evolución de la cultura digital en las estructuras análogas y la cooperación cultural internacional. Actualmente se desempeña como Asesor Legislativo de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República.

[1]             Agencia internacional de reclutamiento especializada en empresas de la salud a nivel mundial.

[2]             Estados Unidos ($1,162) , Suiza ($1056), Canadá ($838), Japón ($803), Alemania ($766) e Irlanda ($684) son los países que, hasta 2017, tenían el mayor gasto per cápita en dólares en medicamentos.

[3]             Fabiola Torres López, Iván Herrera y Mayté Ciriaco, “La vida tiene precio: farmacéuticas multinacionales deciden el acceso a la salud en América Latina”, The Big Pharma Proyect,  Dirección URL: https://bigpharma.ojo-publico.com/articulo/la-vida-tiene-precio/