Por: Arturo López Vargas*

Desde una visión formal este 10 de marzo de 2019 se cumplieron 100 días del inicio del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Empero, desde una perspectiva centrada en el ejercicio del poder y los símbolos que conlleva, sería posible remitirnos al mes de julio del año pasado para atestiguar el inicio real de su administración. Esta afirmación es particularmente constatable en el ámbito de las relaciones exteriores de nuestro país debido a que precisamente en el mes de julio del 2018, tan sólo unos días después del triunfo de AMLO, se realizó un encuentro que anunciaba nuevos tiempos para la diplomacia y la política exterior de México. Me refiero a la reunión que tuvieron el entonces presidente electo de México y el Secretario de Estado de los EE.UU., Mike Pompeo, y en la que más allá de los discursos protocolarios correspondientes a un encuentro de tal naturaleza, resaltó un símbolo que en ningún sentido sería casual para el devenir de la relación bilateral y la política exterior de nuestro país: la imagen de Benito Juárez en medio de los dos protagonistas de dicho encuentro. Juárez -una figura histórica y central en la defensa de la soberanía nacional, así como en la promoción de los principios de no intervención e igualdad jurídica de las naciones, sintetizados en la doctrina de política exterior que lleva su nombre- no fue sino el símbolo inicial del viraje del nuevo gobierno en materia de política exterior.

Ese viraje, que para muchos entre los que me incluyo, no podría ser más que la expresión internacional de un proyecto alternativo de nación, y que por ende contaría de inicio con un “bono progresista”[1], tendría como principales ámbitos de su ejercicio la relación con Estados Unidos así como con América Latina y el Caribe. Precisamente por estar centrada en dos ámbitos históricamente estratégicos para las relaciones exteriores de México, debería incluir tanto elementos de orden simbólico como práctico, mismos que históricamente han confluido en una serie de doctrinas y principios, los cuales son parte de las principales expresiones y aportaciones de la política exterior de México al marco jurídico internacional.

Por supuesto que la tarea de diseñar y ejecutar una política exterior diferente para el nuevo gobierno de México, al igual que el resto de los ámbitos del ejercicio gubernamental, no resultaría sencilla, si consideramos la herencia de la administración de Peña Nieto en este rubro y que el embajador Jorge Eduardo Navarrete sintetizó en el Foro Nacional de Política Exterior de la FCPyS del año anterior como “la política exterior fallida, de un gobierno fallido.”

Aunado a ese difícil contexto interno previo, la política exterior de la nueva administración debía hacer frente a un nuevo auge conservador a nivel internacional y regional, expresado no única pero sí principalmente en la política exterior del gobierno de Donald Trump y de diversos gobiernos latinoamericanos como Brasil, Argentina y Colombia que convergen en constantes posturas y acciones de corte militar, económico, mediático y diplomático, mismas que al amparo de una retórica “humanitaria” y “democrática” buscan en realidad satisfacer los intereses imperiales de las clases dominantes transnacionales que ante un contexto de crisis civilizatoria, sistémica y hegemónica, refuerzan sus acciones y estrategias en el mundo, en el continente americano y en la región aledaña a los Estados Unidos.

De manera específica dichas acciones han afectado los intereses de nuestro país por lo que han suscitado la reacción del nuevo gobierno mexicano y particularmente los actores encargados de su política exterior. Específicamente relevantes han sido las acciones en materia de política migratoria del gobierno de EEUU hacia México y Centroamérica, así como las acciones contra el gobierno de Venezuela por parte de ese mismo actor junto con sus aliados dentro y fuera del continente.

En el primer caso resaltan las posturas y declaraciones emitidas desde la SRE de nuestro país en el sentido de no asumir el papel de “tercer país seguro” así como sus llamados a afrontar la migración centroamericana desde una perspectiva regional, integral y apegada a los derechos humanos, lo cual resulta contrario a las demandas de Washington.[2] Si bien dichas posturas no están exentas de críticas en el sentido de no haber disminuido hasta ahora los actos de violencia y las muertes de migrantes centroamericanos en tránsito por México, al menos evidencian un cambio en el discurso y paradigma migratorios, mismo que no responden lisa y llanamente a los intereses y objetivos de EEUU como en el caso de la política migratoria del gobierno anterior y que se reflejaron principalmente en el contenido y resultados del Plan Frontera Sur. [3]

En el caso de las decisiones y acciones puestas en marcha tras el agravamiento de la crisis en Venezuela después de la autoproclamación de Juan Guaidó y su reconocimiento simultáneo por parte de EEUU y varios de sus gobiernos aliados, resalta la decisión del gobierno de AMLO sostenida hasta ahora a pesar de las presiones directas de Washington, de mantener su reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro, así como de proponer un instrumento multilateral de solución pacífica a dicha crisis a través del llamado “Mecanismo de Montevideo”. Destaca por supuesto en el marco de dichas posturas, el apego manifestado por el actual gobierno y demás actores de su diplomacia a los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica[4], mismos que no sólo forman parte del marco jurídico nacional vigente, sino de un conjunto de instrumentos internacionales como la propia Carta de la ONU y que fueron ignorados por gobiernos mexicanos anteriores.

Estos dos casos correspondientes al ámbito de la política exterior del nuevo gobierno sumados a algunos otros que por razones de espacio no pueden ser reseñados en este espacio –Firma de un acuerdo con la CIDH para el regreso de un grupo de expertos internacionales para la investigación del caso de los normalistas desaparecidos en 2014, y la revisión de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado con EEUU como la Iniciativa Mérida- permiten vislumbrar un cambio no sólo en el discurso de la política exterior de nuestro país, sino en sus objetivos, acciones y estrategias. Por supuesto que existen retos muy importantes por delante sobre todo derivados del fortalecimiento de posturas neoconservadoras tanto en EEUU como en AL particularmente visibles en las acciones de desestabilización en Venezuela, por lo que lejos de conformarse con este viraje progresista de la política exterior, México y sus distintos actores en la materia deberán redoblar esfuerzos y capacidades para encontrar en su accionar internacional, un espacio que coadyuve en la construcción de una realidad nacional y regional, al servicio de las clases, sectores y comunidades históricamente excluidos.

*Experto en Política exterior de México; Relaciones México-Estados Unidos; Movimientos Sociales. Es profesor del área de Política Exterior del Centro de Relaciones Internacionales  UNAM.

[1] https://politicainternacional.com.mx/2018/07/06/el-bono-progresista-de-la-futura-politica-exterior-de-lopez-obrador/

[2] https://www.gob.mx/sre/prensa/posicionamiento-de-mexico-ante-la-decision-delgobierno-de-eua-de-implementar-la-seccion-235-b-2-c-de-su-ley-de-inmigracion-y-nacionalidad?idiom=es

[3] https://www.voltairenet.org/article202464.html

[4] https://www.gob.mx/sre/prensa/discurso-del-subsecretario-para-america-latina-y-el-caribe-maximiliano-reyes-en-la-reunion-ministerial-del-grupo-de-lima?idiom=es