Por: Jatnael Quinto*

En México, el titular del Ejecutivo Federal es el encargado de dirigir la política exterior con base en los principios establecidos en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde hace algunos años, el debate en torno a estos principios ha sido perenne. Hoy en día, y como consecuencia de diferentes acontecimientos suscitados en el plano internacional, este debate se ha intensificado. El principio que parece sufrir en mayor medida del escrutinio de diferentes actores políticos es el de no intervención.

Dicho principio es resultado del intenso esfuerzo diplomático y jurídico para proteger la soberanía del país, cuyo leitmotiv es la larga historia de mayúsculas intervenciones que se han sufrido y que tuvieron como consecuencia el endeudamiento y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional.

Sin importar la base histórica sobre la cual descansa el principio de no intervención, ciertas voces lo han calificado como decimonónico y anacrónico frente a la realidad internacional. Ergo, han propugnado por dejarlo en el ostracismo y como consecuencia, intervenir en asuntos propios de otros Estados.

A pesar de que el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “…todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.”, existen detractores con un común denominador: el olvido del Derecho Internacional Público. Si bien han puesto parcial atención a lo establecido en nuestra Constitución, olvidan los compromisos que a través del tiempo ha adquirido el Estado mexicano.

En este sentido, haré referencia a dos tratados internacionales con jurisdicciones distintas: una regional y otra universal. El primero de ellos es la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que en su artículo 19 expresa: “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro”.

El mismo artículo añade: “no se excluye solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”.

Por su parte, la génesis jurídica de la Organización de las Naciones Unidas expresa en el artículo 2 fracción 7: Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados […]”.

Con base en lo anteriormente expresado, hay dos premisas fundamentales:

  1. Al actuar con base en el principio de no intervención, el Estado mexicano cumple con lo establecido en nuestra ley suprema, así como en concordancia con los deberes adquiridos en la Carta de la OEA y la Carta de la ONU.

2.Hasta que no exista una nueva codificación del Derecho Internacional, el principio de no intervención puede ser observado como norma ius cogens.

 

Como reflexión final, basta recordar al jurista mexicano Isidro Fabela, quien expresó cómo los hombres de Estado y juristas propugnaron por el reconocimiento jurídico del principio de no intervención hasta lograr incorporarlo en el derecho positivo del continente americano a partir de la Conferencia Panamericana de Montevideo en el año de 1938.

*Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la UVM. Es asesor principal de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Mexicano.