Arturo López Vargas

 

“En Italia se está aplicando una medicina de guerra”, señalaron varios encabezados de medios de comunicación hace unos días para referirse al hecho cada vez más documentado de que en las regiones y ciudades de Italia más afectadas por la pandemia de COVID-19, los hospitales y médicos están dando preferencia a los enfermos con mayores probabilidades de recuperarse- en función de su edad y su estado de salud previo- mientras que al resto –muchos de ellos sin ninguna otra opción médica y en condiciones socioeconómicas precarias- se les dejaba sin atención.

Dicha situación que no es única de Italia sino que se ha reportado ya en algunos otros países cuyos sistemas de salud se han viso rebasados por la emergencia en curso y que en varias naciones de regiones periféricas como Latinoamérica y África ha sido una constante a lo largo de varias décadas de su historia, pone en evidencia una faceta más de la crisis civilizatoria a la que se enfrenta el mundo: el acceso selectivo y excluyente al derecho a la salud y a la vida.

Si bien esa “medicina de guerra” hoy resulta noticiosa o excepcional para el caso de países europeos, ha sido la regla en otras regiones particularmente aquellas a las que se les impuso un conjunto de políticas de ajuste estructural a partir de finales de los años setenta e inicios de los ochenta como fue el caso de América Latina en el marco del denominado “Consenso de Washington”, uno de cuyos objetivos consistió en disminuir el gasto social, particularmente en materia de salud con el consiguiente desmantelamiento de los sistemas públicos de salud en la mayoría de los Estados.

Este contexto latinoamericano caracterizado por una caída en la inversión en salud, un número de camas de hospital y de médicos por habitantes muy reducido, y un porcentaje de la población con cobertura social también a la baja, ha sido uno de los principales saldos de varios años (Brasil, Argentina) y en algunos casos décadas (México, Colombia y Chile) de gobiernos neoliberales. Si bien en algunos de esos países y otros tantos, se produjeron triunfos electorales de proyectos de izquierda, las limitantes presupuestales y las necesidades en otros rubros del gasto público no permitieron revertir el abandono y desmantelamiento de la salud pública por lo que hoy prácticamente todos los países de la región se encuentran en una situación muy vulnerable frente al avance del nuevo virus y la persistencia de otras enfermedades que no han podido erradicarse desde hace mucho tiempo.

En este contexto mundial y regional, el caso de México no resulta diferente puesto que nuestro país fue objeto de un conjunto de políticas transexenales que terminaron por generar una crisis en su sistema de salud pública en beneficio de la salud privada y en detrimento del efectivo derecho a la salud de toda la población. La muestra de esa crisis queda reflejada en tan sólo tres datos recientes de la Organización Mundial de la Salud acerca de México: 15 camas de hospital por cada 100 mil habitantes (lugar 125 a nivel mundial); 2.25 médicos por cada 1 mil habitantes (lugar 74 a nivel mundial); 5.9% del PIB de gasto público en salud (lugar 111 mundial).

Si bien hasta el día de hoy las cifras de personas infectadas con el COVID-19 colocan a México en un rango de países que apenas se encuentran en la fase inicial, es previsible como lo han señalado diversas instancias y expertos que en un periodo breve padezca incrementos exponenciales en el número de casos de contagios y por ende un incremento en los fallecimientos. Dicha situación obligaría a las autoridades de nuestro país a tomar medidas de contención parecidas a las que se han realizado en países que han enfrentado o están enfrentando el peor momento de esta pandemia, incluida la ya referida y aparentemente excepcional “medicina de guerra”.

Aunque parece probable que un escenario crítico no pueda evitarse ya en México debido a la velocidad de los contagios asociada al nuevo virus y por lo precario del sistema de salud del país, sería un buen momento para que los sectores de la sociedad que más se han visto afectados por décadas de desmantelamiento de la salud pública, presionen a algunos actores políticos para que se lleven a cabo acciones legales, económicas y sociales que permitan agrietar el legado neoliberal, y a través de una inversión pública de emergencia y sin precedentes en esta materia, hereden a las futuras generaciones un país con menor vulnerabilidad frente a las enfermedades, epidemias y pandemias por venir. Ya es tiempo de que lo excepcional deje de ser la regla.