Por: José Manuel Guadarrama

Las presentes líneas tienen el propósito de realizar un breve análisis sobre la participación de México en la última reunión virtual que tuvieron los miembros de la OPEP+ en dónde México mostró un inusual comportamiento que ha dividido a la opinión pública nacional e internacional con un resultado que algunos ven como triunfo y otros más como amenaza. Para poder cumplir lo anterior es importante abordar el contexto nacional atendiendo los cambios estructurales ocurridos en la industria nacional durante los últimos dos sexenios y el contraste para todos claro (partidarios y opositores) con la política energética de la actual administración.

El desmantelamiento de PEMEX en toda su cadena de valor (desde el segmento de upstream hasta el downstream) ocurrió de manera velada desde el sexenio de Calderón y adquirió forma legal y evidente durante el sexenio de Peña Nieto con la reforma energética de 2013 y su implementación a partir de la promulgación de las leyes secundarias. El propósito principal de la reforma energética fue abrir el mercado al capital privado y extranjero para lo cual resultaba indiscutible el que PEMEX cediera una parte importante del mercado nacional.

Concretamente en el segmento de exploración y producción, la estrategia consintió en impulsar una política de desinvertir en la exploración de nuevos campos, lo cual derivó en una disminución de las reservas desde las 3P hasta las 1P. Lo anterior se acompañó de un declive importante de los campos maduros y una clara retirada en las actividades productivas, disminuyendo sistemáticamente la extracción de crudo. Se argumentó que México no podía continuar invirtiendo en una empresa ineficiente por lo que financieramente era más rentable retroceder y abrir paso a la iniciativa privada que vendría acompañada de nuevas tecnologías tecnológica y mayor eficiencia en los procesos de exploración extracción aumentando con ello la producción y el descubrimiento de mayores reservas.  Se aplaudió anticipadamente la llegada de inversiones millonarias, parecía que veríamos muy pronto el crecimiento de la industria nacional y la creación de empleos.

Los datos que se tienen respecto a la implementación de la reforma energética nos muestran que el propósito de esta ha quedado lejos dejando zonas como Ciudad del Carmen con una profundización del desempleo y quiebra de pequeñas y medianas empresas. La producción siguió en franco declive y la transferencia de tecnología a través de asociaciones con empresas nacionales se ha dado poco y con resultados poco alentadores.

Mientras en 2014 México veía el inicio de la implementación de la Reforma Energética con la publicación de las leyes secundarias, en noviembre del mismo año la OPEP sorprendía al mundo al mantener niveles de producción altos en un momento en que el petróleo inundaba el mercado gracias en buena parte al acelerado crecimiento de la industria del fraking en Estados Unidos. La reacción de Arabia fue el inicio de una guerra de precios, bombeando en el mercado crudo con el propósito de bajar los precios a un nivel que fuera imposible hacer rentable la industria del fraking en Estados Unidos. Casi dos años después, en septiembre de 2016, después del colapso del mercado, la OPEP anunció la posibilidad de un primer acuerdo para reducir la producción con la intención de concretarlo en la reunión que se tenía prevista para el 30 de noviembre del mismo año. Con esta señal en el mercado, el precio del petróleo inició un acenso tímido pero que permitió a la industria nuevamente emprender inversiones, sobre todo la industria del fraking del sur de Estados Unidos. El acuerdo se concreto con una reducción de 1.2 millones de b/d por parte de la OPEP durante seis meses a partir de enero de 2017, con la participación de otros 558 mil b/d por parte de Rusia y países aliados. En dicho acuerdo México no tuvo participación, el entonces Secretario de Energía se limitó a felicitar a los participantes en el acuerdo señalando abiertamente que, si bien México no asume un compromiso tácito, la reducción de la producción era parte integral de la política energética de la administración del presidente Peña Nieto, por lo cual indirectamente contribuirían en la reducción de la producción mundial de petróleo. Para entonces, en el transcurso de 12 años, la producción mexicana ya había caído 1.2 millones de b/d.

En mayo de 2017 se dio un nuevo acuerdo OPEP+ en donde se decidió prolongar hasta el 1 de abril de 2018 los recortes en la producción con el propósito de sacar del mercado 1.8 millones de barriles diarios. Seis meses después, en noviembre del mismo año, en la reunión ministerial en Viena de OPEP+ se decidió prorrogar el acuerdo hasta finales de 2018.  México aceptó participar con 100 mil barriles compromiso que con el tiempo excedió las expectativas pues cumplió con el 200% de la reducción, lo anterior evidentemente no como parte de un compromiso con la cooperación internacional, sino como parte del desmantelamiento de PEMEX y su capacidad productiva; en síntesis, la administración de EPN no tuvo ningún problema en subirse a los acuerdos y exceder sus compromisos. Es importante señalar que tanto México como Venezuela, en claro declive de su producción y con un exceso en sus compromisos de recorte, abrieron espacio para que otros productores aumentaran el bombeo de crudo y con ello se beneficiaran de los incrementos en los precios como resultado del acuerdo OPEP+; tan solo en 2018 Estados Unidos aumentó su producción en un 17%.

Durante 2019 se llevaron a cabo nuevos acuerdos de reducción de producción, acuerdos que se tambaleaban en un ambiente hostil entre Arabia, Rusia y Estados Unidos, pues mientras los primeros reducían su producción en pro de la estabilidad de precios, el último continuaba invirtiendo en la industria del fraking aumentando sus niveles de producción y almacenamiento. La última reunión de diciembre de 2019 logró establecer una ampliación de los recortes hasta el mes de marzo del 2020, dicho acuerdo se lograba ya en un ambiente de tensiones que dejaba entrever lo que sucedería al final del primer trimestre del 2020.

Como es posible apreciar, la presente administración recibió una empresa productiva del Estado en franco endeudamiento y con claros problemas estructurales que complicaban el incremento de la producción en el corto plazo, requiriendo además inversiones considerables para aumentar la capacidad productiva y realizar actividades de exploración que permitieran identificar los campos más rentables financieramente.  En 2019 la producción mexicana cayó 7% llegando a 1.68 millones de barriles diarios, para el 2020 se tiene estimado que la producción llegará a los 1.8 millones de b/d; ya en enero del presente año PEMEX informó que se había logrado incrementar la producción en un 6% comparado con el mismo mes de 2019 con un promedio de 1.72 millones de b/d. Es por lo anterior que el presidente López Obrador declaró públicamente en febrero del presente año que era indispensable un acuerdo entre la OPEP+ para estabilizar los precios internacionales señalando la importancia que tenía para su gobierno un mercado estable que permitiera la entrada de divisas a la hacienda publica.

En sintonía con la participación que había tenido México en los acuerdos pasados y atendiendo a la disposición del actual gobierno de México por abonar a acuerdo que fuera benéfico para la estabilización del mercado, se invitó al ejecutivo a participar en la reunión de marzo en donde se buscaría llegar a un acuerdo de una reducción de 1.5 millones de barriles diarios (1.5% de la producción mundial) para enfrentar la recesión económica global agudizada por la pandemia provocada por el COVID-19. Como ya es del dominio público, la reunión terminó sin acuerdo por lo que inmediatamente el precio del crudo empezó una caída no vista desde 2014. Los días que siguieron al fracaso del acuerdo Arabia Saudita implementó una guerra de precios anunciando que para el mes de abril aumentaría su producción a 12.3 millones de barriles por día además de la reactivación de la producción en conjunto con Kuwait de los campos petroleros operados en la llamada zona neutral.

La propuesta de la OPEP consideraba una reducción del 23% que para el caso mexicano equivaldría a casi 400mil barriles diarios. Es en este punto donde se encuentra la clara divergencia entre los objetivos y propósitos de la anterior administración y la actual, pues si bien en años anteriores la política energética de México empataba a la perfección con los recortes que se le sugerían en los acuerdos de la OPEP, los cuales, como se ha mostrado líneas arriba, incluso excedían los compromisos asumidos. Contrario a la actual administración que se encuentra en un proceso de restructuración de PEMEX que incluye inversiones fuertes que han empezado a mostrar resultados al haber detenido la caída de la producción y con perspectivas de crecimiento, resultaba mucho más complicado asumir compromisos de reducción.

Un argumento en pro de la posición mexicana es que, si bien la producción actual se encontraba en 1.7 millones de b/d, debe considerarse que México venía de un proceso de reducción importante de la producción, por lo que una reducción de 400 mil barriles resultaba excesiva. Se hizo del conocimiento de los asistentes la política energética nacional por lo que resultaba imposible para las finanzas publicas detener procesos que ya contaban con inversiones y estaban puestos en marcha. Por lo anterior, México ofrecía una reducción de sólo 100 mil b/d en un contexto en donde los integrantes de la OPEP producen el  41.9%% de la producción mundial, Estados Unidos el 16.2% de la producción mundial y Rusia el 12.1%,  es decir, el impacto que podría tener la reducción del 23% de la producción de México no era decisivo a nivel internacional, pero sí era una cuestión decisiva a nivel interno por lo que el costo interno se mostraba excesivo para la incidencia que tendría en los mercados internacionales.

Corrió el rumor de que la secretaria de energía, Rocio Nahle, había abandonado la reunión, situación que fue desmentida por diversos medios y por la secretaria misma, arguyendo que, en representación del Ejecutivo Federal, había puesto sobre la mesa la oferta de México y los argumentos que sostenían tal oferta, dejando claro que México no podía comprometerse con reducciones más profundas. Adrián Calcaneo de IHS Markit, ha señalado que el Gobierno mostró inexperiencia pues en sus palabras “la primera lección de la OPEP es que hay una tradición de hacer arreglos que la gente deja de respetar. Siguiendo esta jugada pudieron haber aceptado los recortes y hacer trampa para no hacerlos, así es como siempre terminan los acuerdos de la OPEP”. Lo que afirma Calcaneo es parcialmente cierto; si bien los acuerdos de la OPEP nunca se han cumplido a cabalidad, es verdad que sí se reduce la producción, los números nunca son exactos y generalmente se produce más de lo acordado, sin embargo, es un hecho que la producción, gracias a los acuerdos, disminuye, tan es cierto la disminución que las decisiones de la OPEP siempre tienen un impacto real en los precios, si la afirmación de Calcaneo fuera completamente cierta, los comunicados de la OPEP habrían dejado de tener sentido en el mercado petrolero y con ello habrían dejado de tener un efecto real en la estabilización de precios. Es importante añadir, además, que hay un comité que se encarga de verificar el cumplimiento de los acuerdos, por lo que, de llevar a cavo una estrategia como la propuesta por ejecutivo de IHS quedaría revelada tarde o temprano lanzando un mensaje al mundo poco alentador por parte México.  

Posterior a la reunión, se hizo publica la llamada que sostuviero el presidente Donal Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador.  En ella se acordó que Estados Unidos asumiría una reducción de 250 mil b/d para cubrir la cuota que se le solicitaba a México. Lo anterior generó sentimientos encontrados en la opinión pública las cuales se exacerbaron con las declaraciones del presidente Trump al comentar en su conferencia de prensa del viernes que México pagaría después cuando estuviera en condiciones.  Surgió la duda de cuál sería ese pago y por qué Trump habría aceptado de forma tan sorpresiva asumir una reducción por México. Para tratar de responder a la pregunta anterior es indispensable tener en consideración los siguientes datos sobre la industria estadounidense de hidrocarburos en su segmento de exploración y producción:

  1. si bien 250 mil barriles diarios no son nada desdeñables, para el primer productor del mundo con una producción de 15.3 millones de barriles diarios, parece no verse tan aparatoso;
  2. la industria del fraking en Texas está atravesando por momentos por demás complicados pues la caída en los precios ha hecho insostenible la producción, llevando al borde de la quiebra a muchas empresas y con ello un aumento del desempleo en plena crisis por la pandemia del COVID-19. Un ejemplo de ello es Whiting Petroleum quien se declaró en bancarrota el primer día de abril;
  3. las prospectivas de almacenamiento indican que la capacidad instalada de Estados Unidos llegará al limite en el mes de mayo;
  4. no se observa en el corto plazo un aumento de la demanda de petróleo debido a la profundización de la crisis que ha provocado la pandemia del COVID-19, por lo cual un aumento en la producción parece poco rentable para la industria del fraking en particular y para toda la industria upstream en el mundo.

Con la información anterior es posible ver que los 250 mil barriles asumidos por EUA no representan un problema, por el contrario, se alinea con el contexto actual de su industria.

Otro argumento que ha circulado en la opinión publica es que el presidente de los Estados Unidos no puede asumir la implementación de decisiones sobre la industria de hidrocarburos puesto que en dicho país se encuentra en manos de privados. En este punto es importante mencionar que la industria texana se encuentra regulada y representada por la RRC (The Railroad Commission) la cual en palabras de uno de sus comisionados, Ryan Sitton, propone que Estados Unidos coopere con Rusia y Arabia para frenar el suministro de crudo y así estabilizar los precios, posición que le fue compartida al secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo en la reunión de Viena en la cual Sitton declaró que:  “Con otros gobiernos manipulando los mercados petroleros, es justo preguntar: ¿por qué nuestro gobierno no debería intervenir para tratar de restablecer un enfoque más basado en el mercado? (…) evitaría un colapso total de la industria petrolera», apuntó en una columna de opinión de Bloomberg. Lo anterior permite ver que la IP le ha transmitido al gobierno la urgencia de frenar la caída en los precios del petróleo a través de una intervención activa del gobierno.

Se ha dicho que Arabia habría tomado una posición hostil con México por la postura asumida, incluso se llegó a presentar la reducción de costos del Arab Light en -7 USD en el mercado norteamericano y en -4 y -6USD en el mercado asiático como muestra de dicha hostilidad al señalar que la motivación era restarle competitividad a la mezcla mexicana en los mercados donde tiene participación. Sin embargo, esa reducción del precio respecto a la cotización base internacional, Arabia lo ha realizado desde el mes de marzo tratando de golpear a la industria del fraking norteamericana y con ello obligarlos a disminuir la producción, hostilidad hacia la industria norteamericana que comparte con Rusia pues ante la reducción del gigante petrolero de la producción Estados Unidos había mantenido incrementos, esto en los hechos se veía como un acaparamiento del mercado que estaba dejando Rusia.

Como es posible apreciar, todo parece apuntar a un acierto por parte del gobierno mexicano, sin embargo, en estos tiempos de caos y volatilidad, todo está por verse, parece que al final el acuerdo ha logrado frenar la estrepitosa caída de los precios, pero no ha logrado revertir la tendencia hacia la baja. La ya inminente recesión económica que está por verse a nivel mundial contribuirá a que la capacidad instalada de almacenamiento continúe el camino hacia sus niveles máximos y con ello el desplome de los precios de petróleo, en este sentido, el secretario general de la OPEP ha comentado que las proyecciones requieren una demanda de casi 12 millones de barriles menos por día en el primer trimestre del año agregando que “dado el actual desequilibrio de oferta y demanda sin precedentes, podría haber un colosal exceso de volumen de 14,7 millones de barriles por día en el segundo trimestre de 2020”. El mundo estará atento a la próxima negociación de la OPEP+ que será sin duda un actor importante para la estabilización no sólo de los precios del petróleo sino de la economía global. Lo anterior deja ver que es indispensable estar atentos a las políticas y acuerdos que sean impulsados a nivel internacional para sanar lo mejor posible la economía global en tiempos de la pandemia del COVID-19.