Federico Anaya-Gallardo

1 de enero de 1994. Vivía yo en Washington, DC y tomaba clases con el profesor John Tutino en la Universidad de Georgetown. Ya es lugar común decir que la noticia de la rebelión indígena en Chiapas nos tomó a todos por sorpresa. Pero la materia con Tutino se llamaba Global Power and Local Culture in Latin America y estábamos discutiendo no sólo su libro (De la insurrección a la Revolución en México, 1986) sino la obra de Wallerstein sobre el sistema-mundo capitalista junto con textos sobre las resistencias campesinas e indígenas en Nuestra América por cuatro siglos: Huarochirí en Perú(Karen Spalding, 1984); Mayas Yucatecos (Nancy Farris, 1984); Contestado en Brasil (Todd A. Diacon, 1991); Tlayacapan en Morelos (John M. Ingham, 1986); Chinandega, Nicaragua (Jeffrey L. Gould, 1990) y Juchitán, Oaxaca (Jeffrey W. Rubin, 1990). El lunes de la primera semana de enero (la Rebelión de Año Nuevo fue un sabadazo) visité a Tutino en el departamento de Historia. En una tele estaba viendo imágenes de los neozapatistas derruyendo –¡a golpe de marros!– el Palacio Municipal de Altamirano. (Bendito VHS. Aún no había redes sociales.) Me dijo: “—¡Una revuelta campesina! Mira cómo buscan borrar los símbolos del poder que les oprime.” Creo haberle respondido algo así como ahora tenemos historia, teoría y praxis. El 18 de marzo llegué a Chiapas a dar servicio como abogado en el FrayBa. Mis tres ensayos para aprobar la materia los envié desde Ciudad Las Casas.

Mi primera gira de servicio jurídico en Chiapas fue de sólo dos meses. Debí regresar a la capital imperial para presentar los exámenes generales del doctorado. Mi asesor John Bailey me invitó a dar una plática para estudiantes suyos del Instituto de Servicio Exterior del Departamento de Estado (el Matías Romero de allá). Antes de aceptar, marqué al FrayBa para pedir autorización. El director, Fray Pablo Romo Cedano, OP, quedó de consultar con el obispo. Al día siguiente me habló Pablo: “—Dice don Samuel que compartas toda tu experiencia, que describas con detalle la realidad. Que luego no digan que no estaban enterados.” Así lo hice. Las preguntas de los estudiantes fueron respetuosas y aceptablemente bien informadas. Pero lo más interesante para mí fue la recepción cálida, abierta e indignada a las denuncias que hice de violaciones a los derechos humanos (previas y posteriores a la rebelión del EZLN). Noté una sincera preocupación por el posible escalamiento de la violencia en todo el país.

Más tarde John Bailey me recordó que los demócratas habían abrazado la idea del Tratado de Libre Comercio sólo después de que México se comprometiese seriamente en materia ambiental y laboral –pero que una represión violenta en la línea de los oligarcas centroamericanos de los 1970 y 1980 descarrilaría la naciente asociación comercial. Por ello era que la primera Administración Clinton (1992-1996) estaba dando seguimiento detallado a las reacciones de Los Pinos. Más pesimista, Tutino me recordó que los chicos del Departamento de Estado siempre son the good guys. Como sea, Clinton no era Reagan y el anticomunismo ya estaba pasado de moda (llevábamos tres años sin Unión Soviética).

Regresé a Chiapas en el verano de 1995. Durante mi segunda gira de servicio, me tocó asistir en 1996 a una reunión en la Curia Diocesana entre Samuel Ruiz García y personal de la Embajada Alemana en México. El tema era presentarnos el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México –o TLCUEM, que se estaba negociando en esos años. Los diplomáticos alemanes subrayaron la importancia de que este tratado incluiría en su raíz principios humanitarios y no sólo comerciales –como el TLC norteamericano. Efectivamente, su artículo 1 diría que “el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”. No sería sólo una declaración abstracta. El artículo 39 ordenaría la cooperación en derechos humanos y democracia en tres líneas: “a) El desarrollo de la sociedad civil por medio de programas de enseñanza, formación y sensibilización de la opinión pública; b) Medidas de formación y de información destinadas a ayudar a las instituciones a funcionar de manera más efectiva y fortalecer el Estado de Derecho; c) La promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos.” (Liga 1.) Uno de los visitantes le insistió a jTatic que este tratado les permitiría a los gobiernos europeos monitorear más estrechamente la situación de Chiapas y ayudar efectivamente a reducir la violencia gubernamental que el FrayBa y otras organizaciones no-gubernamentales estábamos denunciando.

Poco después, jTatic mandó a las oficinas del FrayBa a un representante del área política de la Embajada Británica en México, con el fin de que le expusiéramos en detalle la situación de derechos humanos en el momento. Efectivamente, el TLCUEM permitía un activismo diplomático abierto y serio. Este ambiente ayudó a que las denuncias contra el grupo paramilitar Paz y Justicia de la Región Chol encontrasen oídos internacionales atentos. En 1996 la diputada federal perredista Adriana Luna Parra visitó Nueva York para repartir documentos en diversas oficinas de Naciones Unidas, reportándonos una cálida acogida. En marzo de 1997, la policía chiapaneca detuvo arbitrariamente a “dos sacerdotes y dos personas” en Palenque. (Liga 2.) El Presidente Zedillo estaba volando a Japón. Fue recibido por una manifestación en solidaridad con los detenidos; quienes fueron liberados a los pocos días. Este posicionamiento internacional de la política interna mexicana de los 1990 no bastó para evitar la masacre de Acteal, pero sí para que luego de ella cayesen el gobernador chiapaneco (Julio César Ruiz Ferro) y el secretario de gobernación federal (Emilio Chuayffet Chemor).

Lo novedoso de los tratados de la última globalización es que incluyen una institucionalización de los deberes humanitarios de los gobiernos nacionales dentro del ámbito internacional. En el viejo continente, los Criterios de Copenhague de 1993 establecieron que los Estados candidatos a adherirse a la Unión Europea deben asegurar gobernabilidad democrática, respeto a los derechos humanos y economía de mercado. Por lo mismo, Turquía no ha sido aceptada y Luxemburgo pidió en 2016 la expulsión de Hungría. (Liga 3.) Se podrá decir que estas exigencias humanistas son hipócritas –como señaló la comentarista Claudia Cardoso en AstilleroInforma (YouTube) el 2 de diciembre de 2020 (Liga 4)– pero lo cierto es que el pretexto de los derechos humanos como justificación de la preeminencia geopolítica es mucho mejor que la supuesta superioridad de la “raza” o civilización europea. Aun cuando en las relaciones internacionales siguen imperando el principio de la fuerza y la Realpolitik, las ideologías son algo mucho más consistente que el humo. Son la fibra del soft-power.

En el nuevo continente no existen reglas claras como las de la Unión Europea, pero la praxis observada por EU respecto de México ante la Rebelión de Año Nuevo en 1994 indica que estamos evolucionando en el mismo sentido. Se trata de un cambio de costumbres, de una metamorfosis de la barbarie a la humanidad similar al paulatino refinamiento de las costumbres que Norbert Elias estudió entre los cortesanos europeos y que Claudio Lomnitz diabólicamente aplicó en 2012 a nuestra élite académica que estaba aprendiendo a no plagiar (Liga 5.)

La élite burocrática mexicana ha sido consciente de la necesidad de ese tipo de refinamiento civilizatorio desde hace mucho. Hace ya mucho tiempo, mis padres me presentaron a Luis Duarte Moguel, psicólogo yucateco que a principios de los 1980 trabajaba en la Secretaría de Gobernación federal. Una noche, en una muy entretenida sobremesa en su casa de Coyoacán, Duarte me explicaba lo “primitiva” que era la represión del Ejército Guatemalteco contra las comunidades campesinas que apoyaban a la guerrilla. Le asqueaban las masacres que empujaron a miles al refugio en México. En cambio, ponderaba la represión selectiva que el Estado Mexicano había aprendido a aplicar con virtuosismo. En ese punto de los postres el asqueado era yo, pero pronto caí en cuenta que ese extraño sentimiento de superioridad provenía de la mayor complejidad del sistema político mexicano. La represión abierta es “bárbara”; la selectiva sólo “cruel”. Un político “civilizado” debe preferir co-optar a reprimir. Y una política democrática, pluralista y respetuosa de los derechos humanos es el estado superior al que se debe aspirar. La “escala de adelanto” de la que hablo es de doble sentido: la violencia ignara siempre está a la vuelta de la esquina, en política la barbarización de las costumbres siempre es posible –por ello es que ayer Hungría entró en la Unión Europea y hoy se discute expulsarla. Salinas aceptó negociar con los neozapatistas en la Catedral de San Cristóbal en 1994, pero Zedillo traicionó las negociaciones en 1995.

Ahora bien, reprimir eficazmente tiene su arte y Zedillo no era un doctor subtilis sino más bien un doctor crassa (bruto). Regreso a mi experiencia chiapaneca. Como ya expliqué, entre mis dos giras de servicio jurídico, regresé a Georgetown a presentar exámenes generales. A mediados de enero pasé a la Avenida Pennsylvania a tomar un café con un buen amigo que entonces había empezado a trabajar en nuestra Embajada. Una semana antes habíamos visto en TV el escandaloso acto en el que el director de comunicación de la PGR (Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, luego de calderonista fama) había desenmascarado al Subcomandante Marcos. Mi amigo estaba desconcertado: “—Si haces un aviso así es porque ya lo atrapaste. El paso siguiente era exhibirlo enjaulado, como Fujimori a Abimael Guzmán”. Y no. No lo habían atrapado. La traición de Zedillo terminó en el ridículo… que es la verdadera kriptonita del poder soberano. El prestigio de Zedillo en Washington cayó aún más cuando miles de manifestantes en todo México salieron a la calle coreando “¡Todos somos Marcos!”. El Congreso de la Unión vino a salvar al Presidente con la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Esa ley fue el primer paso de nuestra democracia constitucional al pluralismo práctico. El recurso a la fuerza había fallado. En EU se reforzó la preferencia por un arreglo negociado. Nuestras organizaciones no-gubernamentales y nuestros legisladores de oposición ganaron espacios de interlocución en la capital imperial. La Academia progresista estadunidense (los “sabios clandestinos” de Benedetti) se volvió fuente relevante de información para los tomadores de decisión clintonianos. (De algo sirven los cursos sobre Nuestra América en las Universidades.) Los mexicanos aprendíamos, en aquellos tiempos, lo relevante que era nuestro país para EU y lo relevante que es saber jugar política a orillas del Potomac.

Ligas usadas en este texto:

Liga 1:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2351/SE_Decreto_Acuerdo_Asociaci_nEcon_mica_Concertaci_nPol_tica_1.pdf

Liga 2:
https://www.jornada.com.mx/1997/03/09/arresto.html

Liga 3:
https://www.welt.de/politik/ausland/article158094135/Asselborn-fordert-Ausschluss-Ungarns-aus-der-EU.html

Liga 4:
https://youtu.be/RtxysNmO0sk

Texto publicado en JuioAstillero con autorización del autor