Carlos Tornel*

Hoy la energía parece estar en nuestras mentes más que en casi cualquier otro momento.1 No cabe duda de que el capitalismo fósil es el responsable del colapso climático que enfrentamos y la incertidumbre radical que este colapso supone. Al mismo tiempo, sin embargo, se nos recuerda cada vez con más frecuencia que no hay balas de plata para solucionar las crisis que enfrentamos: las energías renovables también tienen impactos socioambientales, y mientras éstas se inserten en un sistema tan desigual como el capitalismo (ya sea fósil o ‘verde’), será difícil que nos provean de una solución más justa.

La reciente helada que azotó a Texas y al norte de México nos forzó a pensar en la confluencia de un clima cada vez más impredecible y la intrincada relación de las sociedades modernas con la energía. Sin embargo, la discusión se ha reducido a una serie de imaginarios abstractos que buscan legitimar la inclusión de ‘reservas’ energéticas (fósiles) sin importar su  costo, sus implicaciones socio-ambientales o su contribución a la crisis climática. Además, se utilizan como una estrategia para teñir de verde a un modelo económico que no lo es, haciendo uso de un imaginario que presenta a  las energías renovables  —mal llamadas “limpias”— y a otras medidas de emergencia —como la geoingeniería— como la cura de todos los males civilizatorios.

Aunque estas dos posturas parecen contradictorias, en ambos casos el paradigma de la “seguridad” es el común denominador. La seguridad se ha convertido en el único espacio para imaginar futuros energéticos asociados a una forma de “optimismo cruel”, entendido como las propuestas de un futuro mejor en donde nada tiene que cambiar excepto la tecnología.2 Estas propuestas inhiben las alternativas reales de cambio al prometer una forma “soberana” o “sostenible” para hacer más de lo mismo: el mismo consumo, las mismas formas de moverse, los mismos estilos de vida, la misma obsesión con el crecimiento y con la acumulación de riqueza. La transición energética debe empezar por contrarrestar esta narrativa y su hegemonía.

El paradigma de la seguridad y su confluencia con el modelo energético

Hace poco, en su nota quincenal en La Jornada, Gustavo Esteva expuso de forma clara las implicaciones del paradigma de seguridad en torno a la pandemia:

La vieja noción de “seguridad”, que se empleó contra el terrorismo, adquirió ahora peligrosos apellidos. La “seguridad alimentaria” es un dispositivo de despojo y control, una gesta anticampesina, que produce hambre y sobreproducción; la “seguridad sanitaria” cumple una función semejante en otro campo más amplio. En nombre de la salud pública, una noción de contenidos extravagantes y peligrosos, se tomaron medidas y se impusieron normas de efectos devastadores, que han sido dócilmente obedecidas por buena parte de la gente.

Así, el paradigma de seguridad se ha extendido a distintos ámbitos de la vida social: el estado de excepción se ha instituido como un modelo permanente en el ámbito de la comida, la salud, la educación y la democracia.3 Lo anterior es también una condición del sistema energético. Cuando el gobierno de López Obrador se refiere a la “soberanía energética”, está hablando en realidad de un modelo de seguridad. La diferencia puede entenderse bien al considerar la distinción entre seguridad y soberanía alimentaria. Durante la década de los años ochenta, los gobiernos y organismos internacionales utilizaron el concepto de “seguridad alimentaria” como una forma de garantizar las “reservas” de comida. El acceso a la comida se convirtió así en el acceso al mercado.  Así, el concepto de “seguridad alimentaria” se convirtió en parte de la agenda de libre comercio de muchas compañías transnacionales, agenda que no trajo beneficios directos para reducir el hambre o para campesinos y agricultores.4 En cambio, el paradigma de “soberanía alimentaria” surge como una reacción ante este modelo. La Vía Campesina, una agrupación de más de 182 organizaciones de pequeños y medianos productores de todas partes del mundo, acuñó el término para restablecer el derecho de los agricultores y campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a decidir lo que consumen y cómo y quién lo produce.5

La “seguridad energética”, entonces, es un término con implicaciones geo- y biopolíticas. En su aspecto geopolítico, implica garantizar las reservas y el flujo de energía para satisfacer la demanda actual y futura. La seguridad energética se preocupa por el control de los recursos y, bajo este discurso, mueve el tema energético más allá de la discusión política a un campo de “seguridad nacional” en donde no hay cabida para el desacuerdo. Desde una postura biopolítica, al preocuparse con estadísticas abstractas como el acceso a la energía, la “seguridad energética” se convierte en un fin en sí mismo, todo esto sin considerar las formas y propósitos de hacer accesible la energía, las fuentes a través de las cuales ésta se produce y las implicaciones de garantizar el acceso a la energía sin importar el costo.

Entonces, ¿qué es la soberanía?

Desde la perspectiva de los movimientos sociales, el término “soberanía energética” se refiere a proyectos de generación, distribución y control de las fuentes de energía por parte de comunidades tanto urbanas como rurales, respetando los ciclos ecológicos de modo que no afecten negativamente a otras comunidades.6 La soberanía energética es, ante todo, el derecho a tomar decisiones sobre la energía, entendida como un bien común y como la base de vida digna para las personas. La soberanía energética implica también una resistencia a grandes proyectos de “desarrollo”, regresando el control de la energía a las comunidades y reclamando la deuda histórica y futura de estos proyectos, así como sus implicaciones para humanos  y no humanos.

La soberanía energética no sólo se replantea la forma de producción, sino que busca reconfigurar la escala, la propiedad, el uso y la gestión de la energía. Es decir, presenta a la energía como un bien común, no como uno público o  privado. Al mismo tiempo, la soberanía cuestiona las escalas y las formas de gestión del sistema energético al evidenciar cómo el sistema actual ejerce un enorme control político y económico mediante el despliegue de la infraestructura energética fósil que ha “energizado” las estructuras políticas, económicas y sociales hegemónicas (desde la democracia y el libre comercio hasta escuelas y hospitales). La soberanía energética se presenta como un proyecto emancipador que promueve la autonomía en la toma de decisiones sobre la energía, a la vez que propone un modelo de generación y distribución más justo sobre el control, el uso  y los efectos de dicha energía. A diferencia de la seguridad, en donde el único actor importante es el Estado y en donde no existe un espacio de desacuerdo sobre el uso, las formas y el propósito de la energía, la soberanía energética pone al centro a las comunidades y la lucha por la autonomía y la autogestión.

Además de las implicaciones políticas, hablar de soberanía energética tiene implicaciones materiales. Esta discusión nos obliga a seguir la pista de las estructuras materiales de producción y de sus implicaciones en otros espacios geográficos, así como de las cadenas de valor que las sostienen. La producción, comercialización y distribución de paneles solares, baterías y otras tecnologías que se presentan como la solución a nuestra dependencia fósil está repleta de contradicciones, pues requiere de una economía fósil. Además, estas tecnologías producen impactos paisajísticos y territoriales asociados con su instalación en gran escala y con la minería necesaria para su producción,  la cual usa compuestos  que pueden causar riesgos a la salud al ser procesados y desechados.7

Soberanía energética y petrocultura

No podemos dejar de lado que la energía fósil ha jugado un papel determinante en las formas y el carácter de la modernidad occidental. Desde la idea de que el crecimiento económico puede ser infinito hasta las promesas del progreso y el desarrollo, así como nuestros deseos, identidades, prácticas, ritmos, libertades e imaginarios —todo pasa por los combustibles fósiles. Nuestras formas o estilos de vida —cómo nos movemos, qué comemos, etc.— están inmiscuidos y entretejidos con una petrocultura que, paradójicamente, no es parte de nuestra discusión sobre la transición energética.8

La soberanía energética entendida desde los movimientos sociales implica repolitizar la discusión sobre el sector energético, pues nos obliga a discutir sobre nuestra dependencia en los combustibles fósiles con los que se han institucionalizado nuestras ciudades, actividades, imaginarios y hasta identidades. Nos invita a reflexionar sobre la forma en la que nuestras libertades, ideas y actividades están fosilizadas, y las formas en las que una transición implicaría una discusión mucho más amplia que la mera sustitución de una tecnología por otra.

Las historias que nos contamos sobre la energía son importantes, así como las identidades que emanan de estas historias. Probablemente ningún otro sector ha capturado tanto la “identidad nacional” como el sector energético y en particular el petróleo. Sin embargo, no podemos atarnos a un imaginario energético de seguridad nacional y de opulencia que ve a la energía como un mero sustrato de la vida social. La energía es algo que debemos discutir, politizar y problematizar. Lo anterior no sólo implica transitar de unas fuentes de energía a otras, sino  repensar enteramente la forma en las que nuestras sociedades están organizadas. Desfosilizar al país implica desfosilizar nuestras identidades, nuestros imaginarios y nuestros futuros. La transición energética no puede ser una transformación tecnológica/financiera, sino que debe ser una transformación social, política y económica.

Finalmente, hablar sobre soberanía energética en estos términos reitera la importancia de que el modelo de generación de energía no quede en manos del mercado, pero tampoco puede reducirse a una discusión sobre seguridad que no incluya a la crisis climática y a la dependencia en los combustibles fósiles. Necesitamos un modelo energético que apunte a la soberanía, a la autonomía y a la progresiva eliminación de la centralización y la mercantilización de la energía. El Estado puede ser el rector de esta transición, pero no debe convertirse en el único gestor, sino en el facilitador de un modelo de cientos de miles de comunidades rurales y urbanas en México.


*Candidato a Doctor en Geografía Humana, Universidad de Durham.

Con un agradecimiento especial a Claudia Campero quien hizo comentarios muy útiles para fortalecer el argumento aquí presentado.

1 Posiblemente con la excepción del embargo petrolero de la OPEP en 1973 y la subsecuente crisis energética que se desató en occidente. Ver esta nota

2 Berlant, L. (2006) “Cruel Optimism”, Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, 17.3: 20- 36.

3 Agamben, G. (2021) Where are we now? The epidemic as politics. Londres: Eris.

4 Jarosz, L. (2014) “Comparing food security and food sovereignty discourses”, Dialogues in Human Geography, 4(2): 168-181.

5 La Vía campesina. “Soberanía alimentaria”.

6 Del Bene, D.; Soler, J.P.;  Roa, T. (2019) “Energy Sovereignty”. Pluriverse: A post-development dictionary. Editado por Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria y Alberto Acosta. Nueva Delhi, Tulika Books: 178-181.

7 Fundación Heinrich Böll, Oficina Bogotá. (2020) Litio: los costos sociales y ambientales de la transición energética global.

8 Ver: Petrocultures Research Group (2015) After-oil.